A pocas horas de la gran marcha universitaria, el clima de tensión entre el Gobierno y el sector educativo se intensifica. Rectores, gremios universitarios, sindicatos y movimientos sociales se encuentran en plena preparación para una movilización que promete ser contundente. Esta marcha, convocada por el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional, se da en un contexto donde el presidente Javier Milei no ha escatimado en generar controversia a través de sus redes sociales, arrojando acusaciones sobre supuestos «alumnos inventados» y asegurando que los docentes universitarios reciben sueldos exorbitantes.

El Gobierno, en lugar de buscar un diálogo constructivo, ha optado por una línea beligerante. Mientras las universidades se preparan para la marcha, el presidente ha estado retuiteando mensajes que atacan la credibilidad de las instituciones educativas, apoyándose en afirmaciones del economista José Luis Espert. Este último argumenta que muchos docentes universitarios gozan de sueldos millonarios, ignorando el contexto de precariedad que vive una gran parte de los trabajadores de la educación, cuyo 60% ya se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

El evento de mañana no solo se limita a la capital; movilizaciones se están organizando en diversas provincias del país, lo que muestra una unidad sin precedentes entre distintos sectores que buscan defender la educación pública. En un momento crítico, donde se aproxima la decisión del presidente sobre la Ley de Financiamiento Educativo, los rectores y sindicatos docentes y no docentes insisten en la importancia de este apoyo financiero, que es vital para el funcionamiento de las universidades y la calidad de la educación que ofrecen.

Las declaraciones del Gobierno han provocado una respuesta unificada de los rectores, quienes han salido a desmentir las acusaciones sobre la existencia de «alumnos inventados». El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, ha explicado que el presupuesto de las universidades no depende del número de estudiantes, sino que se ajusta únicamente por inflación. Esta aclaración, sin embargo, no ha sido suficiente para frenar la retórica del Gobierno, que continúa promoviendo un discurso que deslegitima a las instituciones educativas.

La situación se complica aún más con la intervención de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien también ha reiterado los argumentos sobre los alumnos ficticios. Sus afirmaciones han sido refutadas no solo por los rectores, sino también por diversos actores del ámbito educativo que señalan la falta de conocimiento de la funcionaria sobre el funcionamiento interno de las universidades. Este tipo de declaraciones no solo generan confusión, sino que también alimentan un clima de hostilidad hacia un sector que ha sido fundamental para el desarrollo social y académico del país.

A medida que se acerca la marcha, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, subraya la urgencia de la situación, instando a los ciudadanos a participar masivamente. «Si la movilización es muy masiva, vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces», afirmó, resaltando la importancia de la presión social ante la inminente decisión gubernamental.

Con el telón de fondo de la marcha de mañana, el país se encuentra ante un momento crucial que podría definir el futuro de la educación pública. La fortaleza de la respuesta de la comunidad educativa frente a las acusaciones del Gobierno es un indicativo de la resistencia de un sector que, a pesar de las adversidades, sigue luchando por sus derechos y por la defensa de una educación accesible y de calidad. La movilización se anticipa como un punto de inflexión en un contexto de creciente polarización y conflicto.