Argentina enfrenta una creciente preocupación a nivel internacional por su posible inclusión en la lista gris de países que no cumplen suficientemente con las normativas de prevención del lavado de dinero. Esta situación podría tener serias implicaciones para la economía del país y su reputación en la comunidad global.

Esta semana, una delegación argentina viajó a París para reunirse cara a cara con los integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), quienes están finalizando la última ronda de evaluación.

El período en cuestión abarca desde 2019 hasta 2024, incluyendo tanto el gobierno de Alberto Fernández como el inicio de la administración de Javier Milei. Según trascendió en diferentes portales de noticias, el segundo borrador del informe sobre Argentina ha sido contundente, y el país es candidato a integrar la lista gris. Este estatus podría tener consecuencias negativas en la capacidad del país para realizar transacciones financieras internacionales y atraer inversiones.

El informe destacaría que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para fortalecer el marco regulatorio y mejorar las prácticas de transparencia, persisten deficiencias en la supervisión y la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero. Las autoridades argentinas están trabajando para abordar estas deficiencias y evitar una inclusión formal en la lista gris, en un esfuerzo por mejorar la percepción internacional sobre la seguridad financiera del país.

El impacto de ser incluido en la lista gris podría ralentizar el crecimiento económico y complicar las relaciones económicas internacionales. A medida que Argentina avanza en la implementación de reformas y mejoras en su sistema financiero, la comunidad internacional y los actores económicos estarán atentos a los próximos pasos y a la efectividad de las medidas adoptadas.